Una de las bases fundamentales del desarrollo económico de cualquier país del mundo es la actividad económica de la construcción de vivienda, es un sector manufacturero que aglomera muchas industrias, pues una casa para su construcción requiere de concreto, cristales, acero, aluminio, polietilenos, muebles, madera, etc. y, lo más importante, requiere mano de obra y esto lógicamente se traduce en empleos.
Durante muchos años existió un descontrol por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal en cuanto a la planeación urbana de los nuevos núcleos poblacionales a lo largo de todo el país; hoy en día existe un déficit de vivienda de casi 9 millones de casas. Durante el sexenio de Vicente Fox, se detonó la venta de vivienda de interés social, sobre todo con el otorgamiento de subsidios por medio del Infonavit y del Fovisste, llevando a las desarrolladoras de vivienda a generar ingresos muy elevados y creando una burbuja inmobiliaria en todo el país; en consecuencia, las acciones del sector cotizaron en máximos históricos y las empresas al ver este ingreso, comenzaron a adquirir reservas territoriales en cantidades extraordinarias (sin ningún filtro o permiso de alguno de los tres niveles de gobierno) para poder asegurar la construcción durante los siguientes años. Pero paulatinamente las empresas “vivienderas” comenzaron a descapitalizarse. El efecto que se generó durante el sexenio de Felipe Calderón y ahora el incipiente gobierno del presidente Peña Nieto, fue que aunque los institutos gubernamentales de vivienda han colocado año con año más créditos hipotecarios, el mercado de viviendas nuevas se ha reducido, aumentando al mismo tiempo la compra de viviendas usadas a lo largo del país, esto debido a que las casas nuevas de las desarrolladoras se encuentran cada vez más lejos de los núcleos urbanos, en los contornos apartados de las ciudades, que en muchas ocasiones son lugares sin infraestructura y urbanización adecuada y sin los servicios de comunicación apropiados, por lo que la gente ya no está dispuesta a adquirir viviendas en estos nuevos fraccionamientos.
A la fecha son ya siete años de bajas en las acciones del sector de la vivienda, existen millones de viviendas nuevas sin habitarse, abandonadas y esto se traduce en cada vez menos ventas y menos ingresos para las empresas responsables. Hoy, el sector se encuentra en el peor momento de su historia, el Índice Hábita (IH) de la Bolsa Mexicana de Valores que aglomera a las desarrolladoras de vivienda del país, se encuentra en mínimos históricos y esto se explica porque las empresas ahora tienen muchas reservas territoriales, un cuantioso inventario de casas terminadas pero con una severa disminución en sus ventas e ingresos, arrastrándolas a generar flujos de efectivo negativos en casi todos los casos, provocando un requerimiento casi eterno de endeudamiento a largo plazo para poder cubrir los pagos de deudas de créditos puentes de corto plazo y poder seguir construyendo casas y departamentos que sí se vendan. Con la nueva Política Nacional de Vivienda propuesta ahora por el Gobierno Federal en turno, ahora el cinturón está todavía más apretado, ya que ha puesto en riesgo el uso de toda esa reserva comprada durante años sin control y debido a la falta de detalles en la propuesta, se pone también en peligro que alguna parte de esas tierras ya no sirva para realizar desarrollos inmobiliarios y si a esto le añadimos que la vivienda ahora deberá ser vertical, el requerimiento adicional de capital de trabajo es indudable, poniendo en serios problemas a los desarrolladores de vivienda que de lo que más adolecen es de no poseer efectivo para seguir trabajando. La mayoría de las vivienderas, ya llevan trabajando en esta transición algún tiempo, pero es indudable que con esta perspectiva, tal vez algunas incluso lleguen a desaparecer de no haber intervención del gobierno. Ahora veremos cuáles están realmente bien preparadas para enfrentar este desalentador escenario, pero es seguro que las empresas que logren sobrevivir, aunque vivirán un proceso tortuoso y difícil por lo menos los próximos tres años, las que lo logren podrán ver sus acciones recuperadas una vez que sus flujos de efectivo se hayan robustecido y logren acoplarse a la nueva era inmobiliaria de México.